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-La no continuidad del modelo vigente supondría un grave perjuicio para 6 millones de personas en riesgo de exclusión y pobreza que ha encontrado en las entidades sociales su última red de cobertura social y atención. 

-Más de 1.500 beneficiarios se quedarían sin los servicios de atención para la promoción de la vida autónoma, rehabilitación o centro de día.

La Federación Nacional ASPAYM (Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas), alerta de que un cambio del modelo estatal de subvenciones a través del 0, 7% del IRPF dedicado a fines sociales supondrá un impacto negativo en el mantenimiento de los niveles de inclusión, bienestar y equidad de los grupos de población más vulnerables, como son las personas con discapacidad.

Desde hace más de 15 años, ASPAYM a través de la convocatoria con cargo  a la  convocatoria de ayudas del IRPF  ha impulsado el programa de Atención Personal y Vida Autónoma,  para la prestación de un servicio integral a personas con gran discapacidad, mediante el cual se pretende mejorar su calidad de vida y evitar su  institucionalización, habiendo beneficiado a más de 1.500 personas y dedicándose más de un centenar de puestos de trabajo en la actualidad.

El actual modelo de IRPF para fines de interés social, además ha permitido equipar centros de rehabilitación y otras instalaciones que ofrecen cobertura con servicios integrales de atención directa a más de 5.800 personas con lesión medular y gran discapacidad física, de las entidades federadas: ASPAYM Principado de Asturias, ASPAYM Granada, ASPAYM Murcia, ASPAYM Castilla y León y Fundación Lesionado Medular.

Asimismo, este modelo está permitiendo la implantación de  una plataforma virtual para acercar los tratamientos de fisioterapia y terapia ocupacional a pacientes que, por su discapacidad y/o por sus recursos comunitarios en su lugar de residencia, no pueden acceder a estos servicios directamente.

Ante el peligro de desaparición de este mecanismo de redistribución social de parte de los ingresos fiscales elegidos por la propia ciudadanía, el movimiento de la discapacidad articulado en torno al CERMI solicita que el nuevo Parlamento busque una solución legal que permita la continuidad de este dispositivo de solidaridad.

Cabe subrayar, que los proyectos que se financian con cargo al 0,7% de interés social son, por encima de todo, proyectos de atención directa a personas y grupos.